Los grandes grupos de poder, los medios de comunicación, la iglesia y el gobierno aprista, se han unido contra Ollanta Humala, argumentando que no debe cambiarse la Constitución Política del 93, ni el modelo económico neoliberal vigente. Estos agentes socioeconómicos se oponen al cambio constitucional, porque está hecha por ellos y para ellos, conforme demostramos a continuación:

1.            Es una Constitución que promueve una Economía de Mercado sin Estado, permitiendo el enriquecimiento descontrolado de los grupos de los grupos de poder, como consecuencia del pago y trato injusto a los trabajadores, así como la creciente evasión tributaria. Es decir, no quieren que el Estado cumpla su función reguladora ni fiscalizadora.

2.            Es una Constitución que facilita el Libre Comercio, donde el Estado se encarga de rebajar las tasas arancelarias y firmar los TLCs para facilitar la importación de productos foráneos, que ingresan a precios reducidos -porque son producidos a grandes escalas- y terminan estoqueando o desplazando a los productos nacionales, con la consiguiente retracción o  quiebra de las empresas peruanas. Se trata pues, de una Constitución y un modelo económico al servicio de los grandes importadores.

3.            Es una Constitución que impulsa un capitalismo sin redistribución, porque las grandes empresas obtienen astronómicas rentas netas sin tener el compromiso ni la obligación de pagar más impuestos, sin incrementar los sueldos mínimos vitales ni pagar los beneficios sociales de los trabajadores, pese a hacerlos trabajar más de 8 horas. De allí que, no se atreven aplicar impuestos a las sobre ganancias mineras, telefónicas, madereras, etc.

4.            Es una Constitución que consolida el esquema primario exportador. Al vender productos sin transformación estamos perdiendo oportunidades de trabajo e ingreso, que finalmente solo beneficia a los grandes exportadores y a otros países. La situación se agrava cuando deterioran enormemente nuestra naturaleza y nos dejan un medio ambiente invivible.

Por estas y otras razones de peso, los verdaderos miedosos, temerosos y desesperados son los ricos, porque no quieren perder los enormes privilegios que les confiere la Constitución del 93.

Entonces, la Constitución vigente debe cambiar porque:

1.            La Constitución de 1979, establecía una economía social de mercado e impedía la reelección presidencial inmediata. Pero como esas disposiciones, eran contrarias a los intereses neoliberales y a la vocación dictatorial de Alberto Fujimori, disolvió el Congreso de la República y convocó a un Congreso Constituyente Democrático, que instauró la economía de libre mercado y la reelección presidencial. Es decir, el cambio de la Constitución del 79 nunca fue una demanda del pueblo, sino una decisión unilateral del fujimorato, para perpetuarse en el poder y saquear al Estado.

2.            Con el objetivo de validar una Constitución ilegitima, Fujimori convocó a un Referéndum, donde con la frondosa y distorsionada propaganda de los grupos de poder, la iglesia y prensa, ganó el Sí, por un escaso margen.

3.            El gobierno de Transición y el del Dr. Toledo, dejaron inconclusa la Reforma de la Constitución del 93, por desidia del Congreso de la República. Es decir, es una agenda pendiente, que necesariamente debe concluirse para enrumbar el país  con perspectivas de largo plazo.

4.            Si no es por la gran Marcha de los 4 Suyos del año 2000, la privatización de las empresas públicas, las concesiones indiscriminadas de nuestros recursos naturales -facultadas por la Constitución fujimorita-, así como los saqueos a la arcas del Estado hubiesen continuado.

Por estas consideraciones, los ciudadanos que queremos vivir en estado de derecho, los jóvenes que quieren construir un futuro diferente en democracia, las amas de casa que derramaron lágrimas cuando los precios se incrementaron inimaginablemente, las mujeres que sufrieron las esterilizaciones forzadas, los trabajadores que sufrieron despidos masivos o ceses colectivos, los familiares de las personas detenidas, torturadas y desaparecidas so pretexto de terrorismo, etc. tienen la obligación moral y responsabilidad cívica de decirle no a la candidata fujimorista, y votar por el cambio y la defensa de la dignidad nacional. El Perú tiene que ganar y no volver al pasado vergonzante.

MARIO VILLAFUERTE VICENCIO

Docente Universitario