El poder económico y el poder político son dos instrumentos de explotación del hombre por el hombre, el primero bajo el cliché de generación del empleo y el segundo en nombre del sistema democrático. Durante las campañas electorales, ambas fuerzas parecen enfrentarse, dando la impresión de que "esta vez sí", el Presidente electo, combatirá realmente la pobreza, aplicando más impuesto a los que más tienen para financiar el desarrollo humano y alcanzar el ansiado bienestar social.

Durante las últimas elecciones generales de segunda vuelta por ejemplo, los grupos económicos y su prensa adiestrada, trataron de impedir por todos los medios el triunfo de Ollanta Humala, pero apenas triunfó, inmediatamente le presionaron para que designe al Ministro de Economía y al Presidente del Banco Central de Reserva; una vez que el Presidente electo aceptara nombrar en los dos cargos más importantes a las propuestas de la CONFIEP, comenzaron a trazar sus nuevas estrategias dirigidas a impedir la dación de alguna medida económica que implique trastocar el modelo económico dejado por el gobierno aprista, por cuanto este les permite enriquecerse explotando inmisericordemente nuestros recursos naturales.

Posteriormente, la CONFIEP, ha logrado la aplicación de un gravamen minero en lugar del impuesto a las exorbitantes sobreganancias mineras. En la cuna del neoliberalismo (EE.UU.) aplican impuesto a las sobreutilidades de la industria petrolera, cuando el precio de este producto se dispara y las empresas comienzan a acumular fortuna. En buena cuenta, los 3 mil millones de de nuevos soles anuales anunciados, parecen ser solo una "mejora" del óvolo minero negociado por el gobierno aprista.

Pero para asegurarse que el actual gobierno, ni siquiera intente chocar con sus intereses, los grupos de poder económico han iniciado un agresivo proceso de socavamiento del entorno político, técnico y familiar del Presidente Ollanta, y en la práctica ya lo están logrando. El resultado más certero de esta estrategia, es la separación de Carlos Tapia que venía actuando como asesor político de la Presidencia de la República, y según él porque pretendió transitar por el "proyecto de transformación en democracia" mientras que el Presidente Humala se inclina por la "Hoja de Ruta" firmada en la segunda vuelta. Es decir, el actual gobierno está siendo presionado a dar un viraje respecto de sus propuestas de campaña, por lo menos en lo que respecta a la explotación de los recursos naturales, conforme viene comportándose con la Minera Conga de Yanacocha en Cajamarca.

Si el gobierno opta por dar pase a la minera Conga, significaría que lo que importa es satisfacer los intereses de la inversión extranjera y no la preservación socioambiental, tan igual como actuó el gobierno aprista; porque el Informe del Ministerio del Medio Ambiente tiene serios reparos sobre el Estudio de Impacto Ambiental de la Minera Conga, mientras que el Ministerio de Energía y Minas lo admite como correcta. Es decir, técnica y socialmente e inviable, la viabilidad económica no está en discusión, quiere decir que, solo la decisión política puede imponer la ejecución de dicha inversión y esto está en manos del Presidente.

Por otro lado, el gobierno no tiene el soporte político de su Partido, para enfrentar la tenebrosa alianza APRA-Fuerza 2011, que está terminando por debilitar y aislar sus principales cuadros técnicos y políticos. Urge el fortalecimiento partidario.

En resumen, el actual gobierno tiende a terminar acorralado por los promotores de la corrupción, y ojalá que las propuestas de transformación en democracia, no queden en el rincón de las buenas intenciones.

MARIO VILLAFUERTE VICENCIO

Docente Universitario