50 AÑOS DEL DERECHO AL VOTO DE LA MUJER

Este miércoles 7 de septiembre, Día de los Derechos Cívicos de la Mujer, se cumplen 50 años del derecho que tienen las mujeres peruanas a elegir y ser elegidas. Este logro obtenido en 1955 luego de grandes debates y discusiones de la clase política de la época tuvo como fuerza principal la lucha indesmayable de mujeres como Clorinda Matto de Turner, quien propugnó el derecho a la educación para las de su género; María Jesús Alvarado, quien fundó la primera asociación feminista del Perú, y Zoila Aurora Cáceres quien proclamó el derecho de la mujer al voto político y a la igualdad jurídica.

La Reforma Constitucional que permitió el voto femenino estableció que sólo podrían ejercer este derecho las mujeres que supieran leer y escribir, tuvieran más de 21 años o fueran mayores de 18, siempre y cuando estuvieran casadas.
 
  En este marco, en las elecciones de 1956, las mujeres participaron por primera vez del proceso electoral como electoras, miembros de mesa y candidatas, resultando elegidas nueve representantes.

Ellas fueron las diputadas Lola Blanco de la Rosa Sánchez, Alicia Blanco de Montesinos, María Eleonora Silva Silva, María Colina de Gotuzzo, Manuela Billinghurst, Matilde Pérez Palacio Carranza, Juana Ubilluz de Palacios, Carlota Ramos de Santolalla y la senadora Irene Silva de Santolalla.

Una de las primeras batallas que protagonizaron las mujeres para lograr esta apertura hacia la igualdad cívica se dio en el terreno de la educación. Si bien es cierto la educación primaria se hizo obligatoria en 1866 para hombres y mujeres, la educación secundaria se dirigió excluyentemente a los varones; y la lucha mayor fue por el derecho a la educación superior. Las mujeres no se dieron por vencidas y además de seguir propugnando la igualdad educativa se convirtieron en soporte fundamental de las Jornadas de Mayo de 1912 y de la lucha por la jornada de las ocho horas.

Todos estos cambios de actitud originaron diferentes reacciones en la élite política masculina. Nadie podría imaginar que José Carlos Mariátegui, uno de nuestros más reconocidos pensadores, se mostrara -en un primer momento- encarnizadamente en contra de otorgarle a la mujer el derecho al voto. En 1915, en relación con un congreso femenino sobre la paz que se desarrollaba en La Haya, escribió:

“este feminismo dogmático y petulante que tiene su más antipática pretensión en el derecho al voto... Yo no concibo a la mujer abandonando el ritmo encantado de su vida quieta y tornándose vocinglera, correcalles y exaltada como uno de nuestros capituleros criollos... A todas las sufragistas me las imagino nurses histéricas, a cuyos oídos ninguna voz caritativa deshojó jamás la flor de un requiebro”.

 

 

¿POR QUÉ EL 7 DE SETIEMBRE?


En las primeras luchas por la independencia del Perú, la presencia de la mujer fue cuando menos significativa. Micaela Bastidas, María Parado de Bellido, y otras heroínas anónimas que lucharon junto a los varones por la libertad de nuestro pueblo, revelan la acción decisiva de la mujer en esta causa.
La proclamación de la independencia no alcanzó a reivindicar a la mujer en su legítimo derecho de ciudadana libre (con derecho a elegir y ser elegida), como sí lo hizo con los hombres, desperdiciando impunemente un enorme caudal electoral.

Se estima que la cifra de mujeres al menos triplicaba a la población de varones en el siglo pasado.

Acaso tal cantidad de votos desperdiciado pudo haber cambiado el curso de nuestra historia republicana, al privilegiar con su elección a algún gobierno que pudo sentar las bases de un verdadero estado moderno y progresista.

La historia nos recuerda que ciento treinta años después que el Perú iniciara su vida republicana, la mujer obtuvo el legítimo derecho que la acreditó como ciudadana de un país libre, tras muchos años de marginación. Es así como en setiembre de 1955, durante el gobierno del General Manuel A. Odría, se reconoció el derecho al voto para la mujer, según ley N° 12391. Su artículo 84 expresaba: "Son ciudadanos los peruanos varones y mujeres mayores de 18 años y los emancipados", ello significó para la mujer su derecho político al sufragio y la categoría de ciudadana.

Fue para las elecciones de 1956 donde se eligió a la primera senadora y a la primera diputada en las personas de Irene Silva de Santolalla y Matilde Pérez Palacio, respectivamente. Sin embargo, esta misma ley excluía a la población analfabeta constituida mayoritariamente por mujeres. Recién en 1979, se permitió el voto de las y los iletrados, quienes votaron por primera vez en las elecciones nacionales de 1980.
En 1997 se promulga la Ley Orgánica de Elecciones y la Ley de Elecciones Municipales, estableciendo un sistema de cuotas de 25% de participación de la mujer en las listas electorales. Posteriormente, en diciembre de 2000 se modifica la Ley Orgánica de Elecciones, elevando la cuota de participación política de mujeres del 25% al 30%.

La Ley de Partidos Políticos N° 28094, que estableció una cuota de género del 30% al interior de los partidos políticos, representó en el 2003 uno de los acontecimientos legislativos más importantes del año.

La aprobación de estas leyes servirá además de instrumento de análisis sobre los avances obtenidos en torno a la participación política de la mujer peruana.

LAS CUOTAS DE PODER


Las cuotas de participación política o cuotas electorales son acciones afirmativas que buscan promover de manera más rápida la participación de las mujeres en los cargos por elección popular y así lograr la igualdad entre géneros en cuanto a la representación política. Se le conoce también como medidas correctivas pues pretenden corregir situaciones de injusticia y discriminación.
El sistema de cuotas en América Latina tiene en la Argentina al primer país que estableció, en 1991, las cuotas para la mujer. Seis años después, en octubre de 1997, el poder legislativo peruano aprobó esta norma otorgando un 25% de participación femenina para Municipios y Congreso. En el año 2000 esta ley se modificó y se incrementó a 30% para el Congreso.

El 2002 la cuota se incrementó a 30% para los municipios, se incorporó en igual porcentaje para los gobiernos regionales, y se reconoció también la cuota de 15% para los pueblos originarios y comunidades nativas para los cargos municipales, provinciales y regionales. El año 2003 se incorporó en la Ley de Partidos Políticos la cuota equivalente a 30% para la elección a cargos de dirección del Partido y para la de los candidatos a cargos por elección popular (elección interna). El 2004 también se consideró la cuota de 30% para la elección de los representantes al Parlamento Andino.

En el proceso de discusión sobre las cuotas, el debate en el Perú no se diferenció sustancialmente del producido en 1955. Algunas expresiones decían que “se pretendía hacer entrar a la mujer por la puerta falsa” o que “la mujer no necesita ayuda”.

El movimiento feminista levantó el asunto del poder y la toma de decisiones basando su propuesta en lo aprobado en la Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en 1995. La Plataforma de Acción señalaba que la desigualdad entre las mujeres y los hombres en el ejercicio del poder y en la toma de decisiones en todos los niveles, contraviene la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entre otras medidas se planteó adoptar acciones positivas que permitan la existencia de mujeres dirigentas en el nivel de la toma de decisiones y trabajar en la formación de mujeres y niñas para que estén en capacidad de ocupar puestos directivos.

Estas medidas de acción positiva significaban una estrategia para corregir errores y superar la discriminación histórica padecida por las mujeres. Si se reconocía esta discriminación, era posible tener la voluntad de superarla y promover la igualdad desde todos los ámbitos. En este sentido, el sistema de cuotas se planteó como una medida estrictamente temporal y transitoria. La cuota ha sido por tanto considerada como una oportunidad para competir en un mundo político muy complejo.

En la Ley de Partidos Políticos se ha previsto la cuota para la elección de los cargos directivos y en la elección interna de candidatos para cargos públicos. En las comunidades nativas y pueblos originarios la ley establece una cuota equivalente al 15% en las listas de candidatos a consejeros regionales y regidores provinciales.


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